Following up on the IDB-9 commitments, the Inter-American Development Bank (IDB, or Bank) established a new Access to Information Policy that took effect on January 1, 2011. The new policy was expected to match international best practices and to increase the overall transparency of the Bank, strengthening its governance and development effectiveness. This review assesses the extent to which the access to information reform has been fully and effectively implemented. The review finds that the new policy largely matches best practices in comparator institutions, with, however, one provision that is unique to the IDB policy and inconsistent with the core principle of transparency: a broadly written exception to disclosure of country-specific information to which a country objects. As evidence of country use of this exception already suggests, this exception could completely undermine the access to information reform endeavor. The policy cannot be implemented effectively unless the country-specific exception is narrowed. Overall, the Bank is in the process of fully implementing the Access to Information Policy. Implementation progress has been substantial in the key areas of designing a regulatory framework, training staff, upgrading the Bank's document management system, and establishing governance structures and processes; and issues are being addressed as they become evident. Still, key steps to full and effective implementation remain under way. As a consequence, the effectiveness of the new policy has been significant in relation to the disclosure of key documents (such as Board-related information) but remains limited overall. Important revisions to the Implementation Guidelines have taken much longer than planned, and remain a work in progress. Timely disclosure and improved online access remain challenges. The share of documents made public under the new policy has decreased marginally, and staff and external stakeholders report limited awareness of the new policy. These findings reflect a need to improve IT monitoring systems to ensure policy compliance, expand staff training, broaden the communications strategy, and improve the online accessibility of information. This review offers six suggestions for further actions to advance effective implementation of the Access to Information Policy: (i) revise the policy to clarify that redaction is the remedy for country objections to disclosure of country-specific information, and make explicit that the final decision on the handling of information lies with the Bank, after consultation in cases of country concern; (ii) to be consistent with IDB-9 commitments to disclose project results, include Expanded Project Supervision Reports (XPSRs) in the list of disclosed information for non-sovereign-guaranteed operations; (iii) to effectively monitor policy compliance, establish a mechanism to spot-check the accuracy of document classification; (iv) enhance and launch the planned tracking system for timely disclosure of public information; (v) improve the IDB's website and better integrate the different repository systems to ensure easy and adequate accessibility to the Bank's information; and (vi) identify and track indicators of transparency.Abstract: Siguiendo los compromisos específicos del BID-9, el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID, o 'el Banco') estableció una nueva Política de Acceso a Información que entró en vigencia el 1 de enero de 2011. El objetivo de la nueva política es adoptar las mejores prácticas internacionales y aumentar la transparencia general del Banco, fortaleciendo su gobernabilidad y efectividad en el desarrollo. Esta revisión evalúa la medida en que las reformas adoptadas en el área de acceso a la información se implementaron de forma plena y efectiva. Como resultado del análisis se ha determinado que la nueva política se ajusta a grandes rasgos a las mejores prácticas seguidas en instituciones similares, aunque se ha incorporado una excepción que es exclusiva de la política del BID y que no coindice con el principio fundamental de transparencia. La excepción, redactada en términos generales, está relacionada con la divulgación de información específica a un país, sobre la cual el país puede objetar. Como evidencia el uso de esta excepción por parte de los países, esta excepción podría menoscabar completamente el esfuerzo reformista realizado para mejorar el acceso a la información. No es posible implementar la política de una forma efectiva a menos que se detalle más específicamente la excepción relacionada con información específica de países. En general, el Banco está llevando adelante la plena implementación de la Política de Acceso a Información. El avance logrado ha sido importante en áreas claves, como es el diseño de un marco regulatorio, la capacitación de los empleados, la actualización de IDBDocs y el establecimiento de procesos y estructuras de gobernanza. Otras cuestiones también están siendo abordadas según se presentan. Sin embargo, pasos esenciales para una implementación completa y efectiva aún están en marcha. Como consecuencia, la efectividad de la nueva política ha sido significativa en términos de divulgación de documentos clave (como es la información del Directorio), pero ha tenido un impacto más limitado en términos generales. Acometer importantes revisiones a las Directrices de Implementación ha tomado más tiempo del planeado, y todavía están trabajando sobre ellas. El logro de una divulgación a tiempo y un mejor acceso web siguen constituyendo desafíos pendientes. El porcentaje de documentos que se hicieron públicos al amparo de la nueva política experimentó una reducción marginal, y tanto empleados como socios externos declaran tener un conocimiento incompleto de la nueva política. Los hallazgos citados reflejan la necesidad de mejorar los sistemas de tecnología de la información para asegurar el cumplimiento de la política, ampliar la capacitación a los empleados, ampliar la estrategia de comunicaciones y mejorar el acceso web a la información. Este informe sugiere seis acciones destinadas a facilitar la implementación efectiva de la Política de Acceso a Información: (i) revisar la política para aclarar que la redacción constituye el tratamiento ante objeciones levantadas por un país a la divulgación de información específica sobre el mismo, y hacer explícito que la decisión final sobre cómo manejar la información reside en el Banco, después de consultas en caso de inquietud del país; (ii) para ser coherentes con los compromisos del BID-9 de hacer públicos los resultados de los proyectos, incluir los Informes de Supervisión Detallada del Proyecto (XPSR) en el listado de información sobre operaciones sin garantía soberana; (iii) establecer un mecanismo para examinar mediante muestreo el grado de acierto en la clasificación de documentos, para monitorear de forma efectiva el cumplimiento con la política; (iv) mejorar y lanzar el sistema planificado de seguimiento para la divulgación a tiempo de la información clasificada como pública; (v) mejorar el sitio web del BID e integrar mejor los distintos sistemas de repositorio, para asegurar una fácil y adecuada accesibilidad a la información del Banco; y (vi) identificar y seguir indicadores de transparencia.
