This report reviews the implementation of the measures the Inter-American Development Bank (IDB or Bank) has taken in the three strategic pillars of the anticorruption agenda: (i) strengthen the prevention of fraud and corruption in Bank operations; (ii) support transparency and anticorruption efforts in the Region; and (iii) ensure high ethical standards for Bank staff. The Bank has taken several actions in the first and third pillars. To help prevent corruption, the IDB has eliminated the overlap of policy and investigations by creating an Anticorruption Policy Committee and giving more independence to the Office of Institutional Integrity, and by establishing a new sanctions structure with greater clarity and stronger accountability. In addition, the 2011 cross-debarment agreement with other multilateral development banks has enhanced the impact of sanctions the IDB may impose. To help ensure internal integrity, the Bank has revised its Code of Ethics and whistleblower policy, improved the enforcement capacity of the Ethics Office, streamlined accountability relationship, and taken various other actions to bring the system up to good international practice. The second pillar, however -even recognizing that most Bank interventions to improve public management and strengthen institutions can have a positive impact on governance and anticorruption- has received limited recognition and support, partly as the result of crowding out by other development priorities and of limited country demand. In preventing corruption in Bank projects and in fostering staff integrity, the new structure is a major improvement over the one built piecemeal in previous years. This report advances various suggestions, of which the most important is for an external review of the Bank staff rules, particularly to sharpen managers¿ authority and accountability for ensuring a respectful workplace environment. In these two pillars, however, the priority is to consolidate the sound organizational and institutional changes that have been made. For the second pillar, enhancing governance and anticorruption efforts in member countries will require more assertive Bank support from the top, the assignment of greater priority and resources to programs to foster transparency and accountability, and closer intersectoral coordination.Abstract: El presente informe analiza la implementación de las medidas que ha adoptado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, o el Banco) en los tres pilares estratégicos de la agenda de combate de la corrupción: (i) fortalecer la prevención del fraude y la corrupción en las operaciones del Banco; (ii) apoyar los esfuerzos de la Región en materia de transparencia y lucha contra la corrupción; y (iii) asegurar que los funcionarios del Banco se conduzcan según los más altos estándares éticos. El Banco ha adoptado varias medidas con relación al primer y al tercer pilar. Para contribuir a prevenir la corrupción, el BID ha eliminado superposiciones entre las políticas y las investigaciones, mediante la creación de un Comité de Política contra la Corrupción, el otorgamiento de mayor independencia a la Oficina de Integridad Institucional y la formación de una nueva estructura de sanciones con mayor claridad y más responsabilidad. Asimismo, el acuerdo de 2011 sobre inhabilitación conjunta con otros bancos multilaterales de desarrollo ha mejorado el impacto de las sanciones que puede imponer el BID. Para contribuir a garantizar la integridad interna, el Banco ha revisado su Código de Ética y la política de protección de los denunciantes, ha mejorado la capacidad de la Oficina de Ética de aplicar dicho Código, ha agilizado la rendición de cuentas y ha adoptado otras varias medidas tendientes a armonizar el sistema con las buenas prácticas internacionales. Sin embargo, el segundo pilar -aun reconociendo que la mayoría de las intervenciones del Banco encaminadas a mejorar la gestión pública y fortalecer las instituciones pueden tener un impacto positivo en la gestión y la lucha contra la corrupción- ha recibido una atención y apoyo limitados, en parte por haber sido desplazado por otras prioridades de desarrollo y por una demanda limitada de los países. En cuanto a la prevención de la corrupción en los proyectos del Banco y la promoción de la integridad entre sus funcionarios, la nueva estructura constituye una mejora sustancial con respecto a la construida de manera gradual y poco sistemática en años anteriores. El presente informe ofrece varias sugerencias, entre las cuales se destaca la realización de una auditoría externa de la normativa del Banco referente a sus funcionarios, en particular para fortalecer la autoridad de los gerentes y la rendición de cuentas con el fin de asegurar un ambiente laboral adecuado. Sin embargo, en estos dos pilares, la prioridad es consolidar los sólidos cambios organizativos e institucionales realizados. Para el segundo pilar, el fortalecimiento de los esfuerzos en materia de gobernanza y lucha contra la corrupción en los países miembros requerirá un apoyo más asertivo por parte de las más altas autoridades del Banco, la asignación de una mayor prioridad y mayores recursos a los programas destinados a promover la transparencia y la rendición de cuentas, así como una mayor coordinación intersectorial.
