Spanish abstract:Las acciones consecutivas para la compensación del daño causado por cárteles representan el tránsito de la infracción de la prohibición de cárteles (declarada por las autoridades de competencia) a la indemnización de los perjuicios provocados por la conducta de los infractores. Corresponde al perjudicado que interpone la acción indemnizatoria la prueba del daño y su conexión causal con la conducta antijurídica declarada por la autoridad de competencia. Frecuentemente, la constatación e identificación del daño sufrido se subsumirá en la cuantificación del mismo que figure en las pruebas aportadas por el demandante. Aún así, puede ocurrir que esa prueba no resulte convincente al tribunal, con lo que cualquier decisión deberá ir precedida de la identificación del posible daño provocado por el cártel. La decisión previa de la autoridad de competencia no suele declarar ni acreditar los efectos del cártel en el mercado, aunque en la misma pueden contenerse pruebas o indicios de la producción de daños. En todo caso, la eventual presunción (judicial o legal) del daño es una presunción que el demandado puede rebatir. Aunque los cárteles que no provocan daño sean excepcionales, son una posibilidad, y debe reconocerse a las empresas partícipes en los cárteles el derecho a probar el sobrecoste cero. De modo que, cuando la existencia del daño no se extraiga de la decisión de la autoridad de competencia (como ocurría, por ejemplo, en el cártel del azúcar o en el cártel de los sobres de papel), la salvaguarda del derecho de defensa exige permitir al demandado la prueba de la ausencia de sobrecoste, basándose en datos objetivos y de mercado (que no estén afectados por la infracción). English abstract: Follow-on actions for cartel damages compensation represent the transition from the infringement of the cartel prohibition (declared by the competition authorities) to the compensation of damages caused by the infringers' conduct. It is up to the injured party bringing the damages claim to prove the harm and its causal connection with the unlawful conduct declared by the competition authority. Frequently, the ascertainment and identification of the harm suffered will be subsumed in the quantification of the damage that appears in the evidence provided by the plaintiff. Even so, as such evidence may not be convincing to the court, its decision will have to be preceded by the identification of the possible harm caused by the cartel. The competition authority's prior decision does not usually state or prove the cartel effects on the market, although it may contain evidence or indicia of harm. In any case, the (judicial or legal) presumption of harm can be rebutted by the defendant. Although cartels that do not cause harm are exceptional, they exist, and cartelized firms have the right to prove zero overcharge. So, where the existence of harm is not drawn from the competition authority's decision (as it was the case, for example, in the sugar cartel or the paper envelopes cartel), safeguarding the defense rights of cartelized firms requires that they are allowed to prove the absence of overcharge, based on objective and market data (not affected by the infringement)
