Las economías emergentes más dependientes del sector minero-energético, enfrentan el riesgo de que, a medida que aumente la participación de este último dentro del PIB, el crecimiento de su gasto público llegue a desbordarse y adquiera connotaciones cada vez más pro-cíclicas, menguándose por tanto su función estabilizadora de la economía. De otra parte, en la medida en que las entradas de capital destinadas a financiar la inversión en dichas actividades predominen sobre el resto, y, como resultado, de la misma forma y proporción evolucionen los ingresos por sus exportaciones, se podrían provocar fuertes presiones sobre la revaluación de la moneda local y el consiguiente debilitamiento de la competitividad de los sectores transables como la agricultura y la industria, configurándose de ese modo síntomas de la denominada `enfermedad holandesa´. En el presente artículo se propone para el caso de Colombia, como medida mitigante de dichos riesgos, la adopción de una regla fiscal que apunte, en primer término, hacia el desacoplamiento de los gastos del gobierno respecto de la volatilidad de los ingresos públicos proveniente de los ciclos de las actividades minero-energéticas. En segundo lugar, a la reducción de la proporción de la deuda pública dentro del PIB hasta niveles no superiores a los de los países que ostentan la calificación de `grado de inversión´. Y, a renglón seguido, a la creación de un fondo de estabilización mediante el cual se ahorren en inversiones en el exterior los excedentes de las cuentas externas del sector minero-energético durante épocas de `vacas gordas´, adoptando cláusulas de salida que le permitan al gobierno enfrentar de modo contra-cíclico las fases recesivas y de precios declinantes de sus productos, en especial petróleo y carbón. A manera de ilustración, se describen los casos de Noruega y Chile. Y, finalmente, se formulan algunas observaciones y recomendaciones complementarias.
